UPN recurre ante el Gobierno y ante el propio Ayuntamiento el derribo de la pasarela de Labrit

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado sendos recursos ante el Gobierno de Navarra y ante el propio Consistorio contra la decisión de Asirón de derribar la pasarela de Labrit sin contar, ha destacado su portavoz, Enrique Maya, “con expediente administrativo alguno, ni, por tanto, aprobación del Pleno, y sin haber solicitado siquiera informe de Príncipe de Viana”.

Así lo ha anunciado el regionalista, que ha afirmado que “el proceso de desmontaje responde al interés de Bildu y de Asirón, no al cumplimiento de la ley ni a criterios de seguridad”.

Maya ha subrayado que “en ningún caso pueden alegarse razones de urgencia, ya que las primeras actuaciones respecto a la pasarela se inician allá por septiembre de 2016”.

“Si existiera un problema de seguridad objetivo en la estructura, habría sido una auténtica insensatez haber estado tres años mareando la perdiz, esperando a las elecciones para derribarla, sin someterla a mantenimiento alguno y agravando por tanto el estado de las placas decorativas inferiores”, ha sostenido.

El regionalista ha recordado que la obra fue realizada en 2010 con el preceptivo informe favorable de Príncipe de Viana, por afectar a las murallas, que forman parte del Patrimonio Arquitectónico de Navarra, habiendo sido declaradas Monumento Nacional en 1939.

Además, ha detallado que, en 1998 se aprobó la delimitación del entorno de protección de las Murallas, para favorecer la protección que le otorgaba la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Por eso, ha explicado el portavoz de UPN, y en cumplimiento con la dicha Ley y con la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra de 2005 y con el artículo 353 del propio Código Civil, “el Ayuntamiento está obligado no solo a solicitar el informe a Príncipe de Viana, sino además a conservar, mantener y custodiar la pasarela”.

En este sentido, el artículo 38 de la Ley Foral subraya en su primer apartado que cualquier intervención “procurará su conservación” y, más adelante, que “no se permitirá la eliminación de partes del Bien, salvo cuando sea necesario en orden de su preservación”.

“En ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble sin previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente” que además “no la concederá sin informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 3”, reza también la Ley de Patrimonio Histórico.

De hecho, el artículo 321 del Código Penal tipifica como delito derribar o alterar gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico cultural o monumental y el 322 recoge la responsabilidad de la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de un edificio singular, como es el caso.

En contra de todas estas inexcusables condiciones legales, ha dicho Maya, “Asirón está procediendo al desmontaje progresivo de la pasarela, con anuncio público y reiterado de su inmediato desmontaje total, sin que exista expediente, sin evaluación ni análisis de las alternativas que permitan su conservación y sin solicitar el preceptivo informe de Príncipe de Viana”.

Por eso, ha pedido al Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra que “suspenda inmediatamente las actuaciones que el Ayuntamiento está desarrollando, salvo las estrictamente necesarias por motivos de seguridad, adoptando las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la integridad del entorno del recinto amurallado y, por tanto, de la pasarela”.

A todo ello, el regionalista ha añadido que la pasarela forma parte del Inventario de Bienes del Ayuntamiento con la naturaleza de bien de dominio público, destinado al uso o servicio público.

Por eso, en virtud Ley Foral de Administración Local y del Decreto Foral 280/1990 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, ha sostenido que “el desmontaje total de la infraestructura no puede llevarse a cabo sin previa desafección del uso público que tiene afectado, que necesariamente ha de aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento y no por los concejales de Bildu y de Geroa Bai en un despacho”.

“Para eso, haría falta además un expediente administrativo cuya ausencia implica por sí misma la nulidad de la actuación prevista”, ha concluido.

Según Maya, “estamos ante una serie de actuaciones aceleradas ahora por las urgencias electorales de Bildu después de tres años dejando correr el tiempo; manifiestamente contrarias a la Ley; tomadas por órganos sin competencia para decidirlo; sin tener en cuenta que la pasarela forma parte del entorno de un Bien de Interés Cultural; sin expediente, sin informe de Príncipe de Viana; sin analizar las alternativas existentes para la conservación del bien…”.

“Es una alcaldada como no se había visto nunca en Pamplona y vamos a hacer todo lo posible por detenerla”, ha concluido.