UPN pide la dimisión de Esther Cremaes y de dos directores por detener un concurso de traslados por intereses personales

Posted by / octubre 26th, 2018 / No responses

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido hoy la dimisión de la concejala de Acción Social, Esther Cremaes (Geroa Bai), además de las de los directores de dicha área y de Recursos Humanos “como responsables de la paralización por intereses personales de un concurso de traslados y de la implantación de un nuevo modelo de atención primaria”.

La concejala regionalista María Caballero ha explicado que en el mes de septiembre de 2015 se comenzó a trabajar, con ayuda de la UPNA, en la evaluación del modelo de atención primaria con vistas a implantar un nuevo sistema. En marzo de 2017, se pone en marcha un proyecto piloto en Chantrea y Milagrosa con aparentemente buenos resultados.

Un año después, el 19 de marzo de 2018, las entonces responsables de Acción Social presentan en la Comisión de Asuntos Ciudadanos la valoración de dicha prueba y su intención de implementar el nuevo sistema a todos los barrios. Para llevarlo a cabo era necesario convocar un concurso de traslados de los 60 trabajadores sociales de las unidades de barrio.

A la convocatoria de concurso de traslados, aprobado el 25 de mayo por el director de Recursos Humanos, Íñigo Anaut, se presentaron, según Caballero, tres recursos de reposición ante el propio Ayuntamiento, uno de ellos firmado por la hoy directora de Acción Social.

El 30 de julio, después del cese de Edurne Eguino como responsable del área unas semanas antes, la Junta de Gobierno nombra directora a la Sra. Saralegui y apenas unas semanas después la nueva concejala, Esther Cremaes anuncia, sin aportar más datos, que están pensando la implantación del nuevo modelo.

Caballero ha explicado que finalmente la propia directora de Acción social propone en un informe de dos caras la anulación de la convocatoria del concurso de traslados, lo que de facto supone la paralización de un proyecto en el que había trabajado el área durante tres años.

La regionalista ha considerado “un verdadero escándalo que la directora haya priorizado su interés personal por encima de la atención social a los usuarios de las unidades de barrio, los más necesitados de nuestra ciudad” y ha criticado que “la concejala Cremaes no sólo lo haya permitido, sino que lo ha defendido desde que comenzamos a preguntar por este asunto hace semanas”.

“Ninguna de las dos puede continuar al frente del área porque han demostrado ser capaces de imponer sus intereses personales por encima de la atención a los más necesitados”, ha destacado.

María Caballero ha explicado que “Saralegui debía haberse abstenido de todo lo relacionado con el cambio de modelo de atención no solo porque afecta a su plaza, sino porque había presentado incluso un recurso en contra del concurso de traslados que lo sustenta”.

Además, ha señalado que “su participación no puede calificarse de menor o circunstancial, porque el único factor determinante para echar atrás todo un proceso de tres años que hace unos meses se valoraba como absolutamente necesario para mejorar la atención es su informe de dos caras”.

Es decir, según la regionalista, “ha utilizado su puesto de directora para evitar que su plaza de funcionaria se viera afectada en un concurso que consideraba perjudicial para sus intereses personales, echando por tierra el trabajo del área de Acción Social de tres años”.

De hecho, tal y como ha subrayado Caballero, “estos hechos le invalidan para desempeñar la responsabilidad de directora de un área tan sensible como la de Acción Social”.

Respecto a Cremaes, ha añadido que “su postura no tiene justificación alguna, puesto que antes del cese de Eguino avaló políticamente todo el proceso de implantación del nuevo modelo y la necesidad de llevarlo a cabo mediante la convocatoria del concurso de traslados”.

“Sin embargo, apenas unos meses después es la responsable política de echar todo el trabajo del área durante tres años por tierra y los recursos que en ello se han invertido, obviando todos los informes existentes en su departamento que lo avalaban, además de los datos que aportaron sobre la reducción de las listas de espera en las unidades de barrio que formaron parte de la experiencia piloto”, ha criticado.

Además, ha hecho hincapié en que “Cremaes ha tomado esta drástica decisión en base, únicamente, al informe de dos caras de Saralegui, que nunca debía haberse emitido, dado su deber de abstención en este asunto”.

Participación fundamental del director de Recursos Humanos

Por su parte, la también concejala de UPN Ana Elizalde, ha destacado la responsabilidad del director de Recursos Humanos Íñigo Anaut, responsable final de la paralización del concurso de traslados, al “aceptar a sabiendas de su interés directo, el informe de anulación del concurso redactado por la directora de Acción Social como único documento para justificar su revocación”.

“El director de Recursos Humanos era perfectamente consciente de la oposición previa de Saralegui por la afección que los traslados iban a producir sobre su plaza, porque conocía su recurso de reposición, pero aceptó paralizar un procedimiento de este calibre con su informe”, ha afirmado.

Además, ha destacado que “no puede aducir desconocimiento, puesto el recurso de la directora de Acción Social se remitió a Recursos Humanos como órgano que aprobó el concurso de traslados y ha retrasado la respuesta hasta que el proceso ha sido definitivamente cancelado”.

Según Elizalde, “el papel del director de Recursos Humanos, permitiendo la participación de Saralegui en un expediente en el que estaba involucrada, ha sido fundamental”.

La edil regionalista ha recordado además “la indispensable participación de Anaut en la contratación de Floren Luqui y del resto de técnicos de Participación Ciudadana, que los tribunales han demostrado reiteradamente como ilegal”. Además, ha destacado que “hasta el último minuto Anaut se ha negado a cumplir las resoluciones judiciales, llegando incluso a ser apercibido de sanciones por el tribunal”.

También ha explicado que es el responsable de que los tribunales tumbaran el expediente más importante del año para su área, el de la Plantilla Municipal, en el año 2017.

Además, los tribunales consideraron ilegales varias convocatorias de plazas impulsadas por el área que dirige debido a “la imposición injustificada de la valoración del euskera”.

Ana Elizalde ha criticado que “Anaut únicamente se ha preocupado de llevar a buen término las decisiones políticas de Bildu, llegando incluso a incluir las posiciones del partido del alcalde como justificación en informes técnicos”.