UPN pide un estudio real sobre la influencia de los cambios de Pío XII en el aparcamiento de la zona

El portavoz del Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido hoy que “antes de seguir adelante con el proyecto de Pío XII se encargue un estudio real sobre la influencia de las medidas que prevé el cuatripartito, que analice de forma específica la eliminación de las 120 plazas que ahora elimina el proyecto, aunque antes hablaran de 180, que examine la rotación y plantee una serie de conclusiones que aplicar al proyecto definitivo”

Maya ha propuesto que “la propia empresa adjudicataria del proyecto (CIMA) realice el estudio, valorando entre otras cosas la rotación real actual y prevista, la duración de cada estancia y las estancias por plaza, además de la previsión de necesidad o no de plazas de rotación y residentes tras los cambios”.

“Seguimos sin comprender el empecinamiento, ya no en no aceptar modificaciones en este proyecto, sino ni siquiera estudiarlas porque ni la oposición, ni vecinos, ni comerciantes nos hemos opuesto a redefinir la avenida para incluir un carril bici; lo que no podemos es aceptar que se haga por las bravas y sin decir la verdad”, ha mantenido.

Además, ha añadido que “ahora se sacan de la chistera y de un día para otro unas bolsas de aparcamiento en zona roja sin que nos hayan informado de ningún estudio que las recomiende o que justifique limitarlas a una zona concreta de la avenida”.

En una rueda de prensa, el regionalista ha afirmado que “al contrario de lo informado por el cuatripartito, está probado que no existe ningún tipo de estudio de aparcamiento sobre Pío XII” y que “lo único que se ha realizado hasta el momento es un simple conteo de plazas libres y ocupadas en calles aledañas, sin ni siquiera evaluar el nivel de ocupación de las que el cuatripartito pretende eliminar en la avenida”.

El regionalista ha explicado que después de un debate en la Comisión de Urbanismo sobre este asunto el responsable de Movilidad, Armando Cuenca, remitió a todos los concejales los documentos existentes, que únicamente son unas tablas de Excel elaboradas por la empresa Dornier con la ocupación de las plazas en distintos sectores cercanos y un brevísimo informe del área de Cuenca que analiza esos datos, calculando una serie de porcentajes y medias.

Según ha detallado el portavoz de UPN, “en ninguna de las apenas cuatro caras del informe, la mayoría ocupadas por tablas, se analiza el impacto de la eliminación de las plazas de Pío XII en estas calles, ni mucho menos si podrían absorber las plazas anuladas”.

Muy al contrario, ha sostenido que “un análisis más profundo de las tablas de Dornier demuestra que hay sectores absolutamente saturados durante determinadas horas, como el sector 4 a partir de las seis de la tarde, cuando apenas existe un 5,71% de plazas libres”.

Sin embargo, el Ayuntamiento envío el pasado 10 de noviembre una nota de prensa a todos los medios de comunicación con el título “Un estudio señala que las calles adyacentes a Pío XII tienen una media diaria de 233 plazas de aparcamiento libres cuyo uso cubriría las 126 actuales”. La nota oficial hablaba de “un estudio de la empresa Dornier” que, como ha subrayado Maya, “no existe” y llegaba a afirmar que “las 126 plazas de aparcamiento que está previsto se reduzcan, podrían compensarse con las que quedan libres”.

Maya ha calificado este hecho como “un nuevo engaño de Asirón y de sus socios, hablando de conclusiones de ficción sobre informes que no existen, inventándose literalmente notas de prensa oficiales a su conveniencia”.

“Es grave que los ciudadanos ya no puedan confiar ni siquiera en las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento, porque pueden haber sido manipuladas por el cuatripartito para intentar influir en la opinión pública en favor de sus proyectos”, ha subrayado.

En este sentido ha recordado que “UPN ya destapó otro engaño la semana pasada cuando desvelamos que la organización de Asirón es 100.000 euros más cara que la de la legislatura pasada, pese a que él aseguraba ahorrar 600.000 euros. Es muy grave tener un alcalde que de forma tan habitual no dice la verdad”.

De hecho, ha señalado que “el único que es sincero en este asunto es Cuenca, que ha reconocido que este plan pretende dificultar el tráfico en coche para obligar a la gente a utilizar la bicicleta o el autobús. Sobre esa base podemos debatir y defender cada uno nuestra postura, lo que no se puede es tener ese objetivo y luego decir que no pasa nada, que no hay afección en el aparcamiento, en el tráfico y por tanto en el comercio o en el día a día de los vecinos”.

Por otra parte, la concejala María Caballero ha anunciado que UPN pedirá que el próximo Pleno municipal acuerde “denunciar la actuación del equipo de Gobierno y más en concreto la del concejal delegado de Participación Ciudadana y la del alcalde, por su responsabilidad en la cesión del edificio dotacional de Mendillorri a determinados colectivos vecinales, sin haberse aprobado el oportuno expediente administrativo”.

Caballero ha recordado que en su última comparecencia el edil Manuel Millera (Aranzadi) reconoció que tanto en el proyecto Antzara “se está a la espera de un convenio”, a pesar de que tal y como ha explicado “el edificio que costó más de 400.000 euros lleva meses cedido a colectivos afines al cuatripartito”.

“Con su intervención quedó patente que no existe ningún acto administrativo de cesión del edificio a ningún colectivo; es más dijo que respecto al espacio de Mendillorri está preparado un decreto de Alcaldía que sin embargo está sin firmar”, ha recalcado.

La concejala regionalista ha afirmado por tanto que “se ha puesto un edificio dotacional a disposición de colectivos afines sin la aprobación de ningún expediente administrativo y sin el sustento jurídico necesario”.

“Desde el principio esta es la historia de una inversión realizada para contentar a personas cercanas, que pese a disponer de un Civivox en el barrio querían un edificio propio, sin tener que someterse a las normas municipales y en el que todos los pamploneses nos hemos gastado casi medio millón de euros, que se dice pronto”, ha explicado.

De hecho, Caballero ha lamentado que “estos colectivos lleven meses haciendo uso del edificio, sin un plan de gestión ni ningún documento que garantice que la cesión es ajustada a derecho, mientras el ascensor urbano que demandaba el barrio ha dormido el sueño de los justos durante dos años”.