UPN pide al TAN que haga efectiva su resolución contra la cesión ilegal de Antzara en Mendillorri

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado al Tribunal Administrativo de Navarra que “ordene la ejecución de la resolución de 15 de junio de este año que declaraba contraria al ordenamiento jurídico la cesión ilegal de Antzara a colectivos cercanos porque Asirón y sus socios están haciendo caso omiso”.

La concejala regionalista María Caballero ha explicado en una rueda de prensa que los regionalistas han registrado este escrito ante el TAN “porque el edificio sigue cedido y ocupado por las mismas personas, sin documento de ningún tipo, que lo utilizan a su antojo, sin ningún tipo de control, y celebrando, en más de una ocasión, fiestas, vendiendo alcohol a menores y provocando molestias a los vecinos”.

La edil ha recordado que según las respuestas de la propia concejala de Seguridad a preguntas de UPN la Policía Municipal acudió por ejemplo el pasado tres de septiembre al lugar a solicitud de los vecinos.

“Lo sorprendente es que constataron que se suministran bebidas, que además se consume fuera del local y de que tienen música a un volumen atronador a pesar de ser las tres de la mañana, pero no se les cierra el chiringuito”, ha criticado.

Además, ha relatado que “en el mes de diciembre también tuvo que actuar la Policía Municipal, se cursó una denuncia en la que se demuestran hechos similares, pero el Ayuntamiento no tomó más medida que la de remitir la denuncia al Gobierno de Navarra, quitándose el marrón de encima”.
“Sólo gracias a que hemos seguido el tema y hemos seguido preguntando en las comisiones, hemos conseguido saber hace apenas una semana que obviamente el Gobierno ha devuelto el expediente porque se trata de una competencia municipal”, ha informado.

Además, ha criticado que “pese a los intentos de no abordar el problema, la pelota volvió al tejado del Ayuntamiento el 26 de junio y desde entonces Bildu y, sobre todo Geroa Bai que es quien tiene las competencias de Seguridad, no han hecho nada”.

Mientras tanto, según ha explicado Caballero, “las quejas de los vecinos persisten, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado porque los incumplidores son afines”.

“Es decir, les construyen prioritariamente un edificio con un presupuesto de cientos de miles de euros, por encima de otras necesidades del barrio que tuvieron que esperar, como el ascensor; se lo entregan sin ningún papel, sin ajustarse a ninguna ley, sin saber siquiera quién tiene las llaves; montan fiestas con alcohol y venta a menores según relatan testigos; molestan a los vecinos a altas horas de la mañana; sacan las copas fuera del local… y aquí no pasa nada, nadie hace nada, nadie aplica la ley e incluso se saltan las resoluciones de los tribunales para permitir que sigan ahí”, ha lamentado.

“El trato de favor es indiscutible, porque mientras tanto sí se actúa duramente contra las bajeras de jóvenes o los bares que incumplen la normativa, ¿por qué a unos se les permite todo y al resto se les persigue? ¿Por qué si eres amigo del cuatripartito estás por encima de la ley?”, se ha preguntado.

Por todo ello, la edil de UPN ha exigido que “se ponga fin a la cesión ilegal del edificio, que el Ayuntamiento recupere su posesión y uso para ponerlo al servicio de todo el barrio y no sólo de los amigos del cuatripartito”.

Caballero ha explicado que el artículo 29.1 del Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, que desarrollaba la Ley Foral 6/1990 deja claro que “la ejecución de las decisiones del Tribunal Administrativo de Navarra que resuelvan las cuestiones planteadas en el recurso corresponderá al órgano que hubiere dictado el acto o acuerdo objeto del mismo”, por lo que corresponde al Ayuntamiento de Pamplona la ejecución de la resolución que “hasta ahora no ha querido llevar a cabo”.

Además, ha criticado que “tengamos un alcalde y unos concejales que pasan olímpicamente de la ley y de los tribunales” y ha recordado que UPN también tuvo que pedir la ejecución de la sentencia que declaraba ilegal la contratación de Floren Luqui y otras personas como técnicos de participación “gracias a un tribunal trufado de amigos y conocidos”.

Caballero ha afirmado que “ante un Ayuntamiento que no actúa correctamente el único recurso de los ciudadanos es acudir a los tribunales”.

“Por eso, lo que resulta gravísimo es que cuando los tribunales resuelven en su contra, los responsables municipales ignoren sus resoluciones y sigan persistiendo en la ilegalidad”, ha subrayado.

Por eso ha destacado que “nadie, por muy alcalde que uno sea está por encima de la ley y de los tribunales” y ha explicado que “con este recurso volvemos a defender la igualdad de todos los pamploneses, que deben tener los mismos derechos en el acceso a los servicios y a los bienes públicos sean amigos o no del cuatripartito”.