UPN lleva a los tribunales la cesión a dedo del palacio Redin y Cruzat a grupos afines al cuatripartito

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra en contra de la cesión del palacio Redín y Cruzat de la calle Mayor de la capital navarra a “grupos afines al cuatripartito” y han acusado a Asirón de haberla llevado a cabo “a dedo, sin expediente y en contra de las normas más básicas recogidas en la ley”.

El portavoz regionalista, Enrique Maya, ha afirmado que “a estas alturas de la legislatura todo el mundo sabe que Asirón y su cuatripartito actúan al margen de la ley en numerosas ocasiones y que su respeto por la normativa es mínimo cuando tiene un objetivo que cumplir”.

A este respecto ha recordado que “en apenas dos años de legislatura Asirón acumula más sentencias contrarias y de mayor importancia que ningún otro alcalde en la historia de la ciudad”. Entre ellas, Maya ha recordado resoluciones judiciales contrarias sobre la imposición del euskera en escuelas infantiles, la plantilla municipal, la ikurriña, las contrataciones de personal con vínculos con personas del tribunal, la adjudicación de un contrato a la empresa del ex socio de un alto cargo de su gobierno sin ser la oferta mejor valorada, el acceso a la información de los concejales de la oposición, la colocación de las banderas oficiales en el salón de Plenos, la modificación de horarios en el Casco Antiguo, contra la censura de una exposición de víctimas del terrorismo, el izado de la bandera republicana en la fachada del Ayuntamiento o querellas contra medios de comunicación que también ha perdido.

“Son pleitos que le cuestan dinero a los pamploneses que con sus impuestos pagan costas y horas de abogados dedicados a estos asuntos, pero sobre todo son la demostración de un alcalde y un equipo de Gobierno que hace lo que quiere sin importarle si es o no legal, algo que es muy grave”, ha subrayado.

Sin embargo, para Enrique Maya, “lo peor es que cuando pierden en los tribunales, cuando un juez les dice que no pueden hacer lo que han hecho, dicen que no pasa nada, que no tiene consecuencias y nadie asume ninguna responsabilidad”.

Por el contrario, el portavoz regionalista ha afirmado que “un alcalde no puede creerse por encima de la ley y no puede estar saltándosela a la torera para conseguir, generalmente beneficiar a los suyos o imponer sus obsesiones nacionalistas”.

“La ley nos iguala a todos los ciudadanos, garantiza los derechos de todos y cuando un alcalde se la salta está atacando directamente contra esa igualdad de derechos, algo intolerable especialmente en un alcalde”, ha lamentado.

Según el regionalista, “nunca el prestigio del Ayuntamiento había estado tan por los suelos en los tribunales; estamos viendo sentencias en contra una semana tras otra y eso afecta no sólo a la credibilidad del cuatripartito, sino a la del Ayuntamiento como institución”.

Por eso, ha exigido a Bildu y a sus socios que “respeten las normas, cumplan la ley, no se crean con más derechos que el resto de ciudadanos de Pamplona y dejen de recurrir todos los pleitos gastando el dinero de los pamploneses”.

Sobre este tema, la también concejala María Caballero ha explicado que “el Ayuntamiento de Pamplona ha cedido el uso de un edificio municipal sin sujetarse al procedimiento establecido para la utilización de los bienes públicos, sin procedimiento alguno de hecho, sin concurrencia, sin publicidad y sin participación”.

La regionalista no ha cuestionado que “pueda cederse el uso de un edificio municipal a distintos colectivos o asociaciones”, sin embargo, ha criticado que “se haga prescindiendo del marco legal”.

Para Caballero es importante recordar que “el Ayuntamiento no puede determinar arbitrariamente a disposición de quien o quienes se ponen los bienes públicos y mucho menos construir o restaurar, como está haciendo, bienes públicos con destino a personas determinadas”.

La concejala entiende que “cualquier utilización privativa, cualquier sistema de gestión “casi autónoma” o “autónoma del todo”, como decía el propio concejal Millera (Aranzadi) exige la tramitación de un expediente administrativo, con respeto a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia, que es precisamente lo que no ocurre en este caso”.

De hecho, según la regionalista, UPN ya había denunciado con anterioridad, que lo que quiere el cuatripartito, con Asirón a la cabeza, “es tratar de dar un ropaje legal a una decisión ya tomada”.

Para concluir, la regionalista ha señalado que “basta la lectura de los informes elaborados por el llamado ‘Grupo Motor’ que nadie sabe bien quién lo forma, para concluir que se ha desarrollado un proceso por unos colectivos concretos para conseguir que el Ayuntamiento de Pamplona rehabilitase en la forma que ellos habían señalado, con un coste previsto superior al medio millón de euros, un bien de dominio público y lo pusiese a su disposición.

“A dedo, desde el principio hasta el final”, ha criticado.