UPN exige la dimisión de Ayesa por ocultar un informe que declara nulos numerosos contratos de la MCP

Posted by / febrero 13th, 2019 / No responses

Los miembros de UPN en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona han exigido hoy la dimisión inmediata de Aritz Ayesa (Bildu) como presidente de la entidad, “por haber ocultado un informe que declaraba nulas numerosas contrataciones de personal de la sociedad pública de la MCP durante 2017, y sostenía que debía estimarse un recurso presentado por UPN por estos hechos”.

Los concejales de UPN, y miembros de la Mancomunidad, María Caballero y Fermín Alonso han explicado en una rueda de prensa que el informe, fechado el 11 de abril de 2018, está firmado por los 4 principales responsables jurídicos de la entidad y concluye que “debe estimarse el recurso” presentado por Enrique Maya en enero de ese año, “declarando la invalidez de las convocatorias que hayan superado el límite de la tasa de reposición”.

Además, la concejala ha destacado la condición de funcionarios de la entidad de los cuatro firmantes para subrayar que “no se trata de un informe firmado ad hoc por un cargo de confianza, sino de un documento avalado por cuatro profesionales de la Mancomunidad, que cumplen con su labor esté al frente de la entidad un partido u otro”.

Por eso, Caballero ha considerado la conducta de Ayesa como “un verdadero escándalo” y ha advertido que “el presidente de la Mancomunidad podría haber incurrido en un delito de prevaricación, al no resolver un expediente conforme a lo dictado por el informe ahora conocido”. Además, ha señalado que los regionalistas están analizando jurídicamente la posibilidad de que de la actuación de Ayesa se derive un caso de responsabilidad contable que debería juzgar el Tribunal de Cuentas.

La regionalista ha explicado que “con el evidente fin de saltarse las limitaciones fijadas por la Ley de Estabilidad y las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, la empresa pública de la MCP, Servicios de la Comarca de Pamplona, (SCPSA) trataba de camuflar como temporales lo que en realidad eran contrataciones fijas”.

“Auténtico fraude de ley”

Con ese objetivo, se incluía una cláusula en los contratos realizados que afirmaba que “teniendo en cuenta la limitación impuesta por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, respecto a la contratación indefinida, SCPSA realizará la conversión a indefinido del contrato en el momento en que la legislación lo permita”.

María Caballero ha considerado que “este texto suponía un auténtico fraude de ley, porque las plazas ni eran temporales, ni podían en su mayoría llevarse a cabo al incumplir la tasa de reposición fijada para la entidad”.

Sin embargo, según la regionalista, “Ayesa se creía más listo que nadie y pensaba que con un regate de dos líneas podía saltarse la ley”.

Tal y como ha explicado, “entendiendo que se trataba de un fraude de ley y de un caso clamoroso de desviación de poder presentamos un recurso respecto a los contratos de 2017”.

Caballero ha detallado que “en ese contexto, la Secretaria General de Mancomunidad, el Director de la Asesoría Jurídica, el Interventor de la entidad y un cuarto asesor jurídico firman un informe demoledor de 40 páginas que resuelve estimar el recurso de UPN y que, sin embargo, Ayesa decidió guardar en un cajón en contra de toda ética y de toda obligación legal”.

Hasta hoy, el presidente de la Mancomunidad se ha negado a resolver el recurso como es su obligación y, según ha relatado la concejala, ha animado a los regionalistas a acudir a otras vías legales, pese a la existencia de un informe que le instaba a hacerlo de forma favorable.

En este sentido el artículo 4 del Reglamento de Relaciones entre la Mancomunidad y SCPSA recoge que “el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses” y que “en caso de que por falta de resolución en plazo se produzca silencio administrativo, éste tendrá carácter desestimatorio”.

“El delito de prevaricación consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas, que inicialmente parece que es precisamente lo que ha realizado Ayesa al desestimar por silencio administrativo una decisión contraria al informe de los responsables jurídicos de la entidad”, ha destacado.

“Sabemos que debe ser duro para él reconocer sus chanchullos y darle la razón a UPN, pero es mejor rectificar a tiempo en lugar de ocultar, guardar en un cajón y hacer caso omiso un informe jurídico que te dice que debes hacerlo, porque entonces podemos estar hablando de otra cosa”, ha señalado.

Los trabajadores seguirán en su puesto y deberían ser fijos

Por su parte, el también concejal y miembro del Consejo de Administración de SCPSA, Fermín Alonso ha explicado que “antes de presentar el recurso, al ser conscientes de la posible ilegalidad que se estaba cometiendo, trasladamos nuestras dudas al Consejo de Administración y al propio presidente, solicitando que acabaran con dicha práctica”.

Además, ha explicado los pasos que debería dar la sociedad pública de la Mancomunidad de la Comarca para “regresar a la legalidad” según el informe jurídico.

Según ha relatado, “todos los contratos efectuados por SCPSA al amparo de la cláusula trampa deben tenerse por indefinidos con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores”.

Alonso ha destacado que “los trabajadores contratados pueden estar tranquilos” porque tal y como se recoge en el informe “la doctrina respecto a este extremo es nítida y garantiza los derechos de quienes no han participado en la causa de anulación, por lo que quienes hayan superado las convocatorias no pueden ver perjudicados sus derechos laborales por los incumplimientos del presidente de la empresa”.

“Nuestros esfuerzos se centran en que una de las principales administraciones públicas de esta comunidad, por volumen de población y presupuesto cumpla la ley y nuestros recursos están dirigidos contra quien se cree por encima de la ley, por muy presidente de la Mancomunidad que sea, no contra los trabajadores”, ha subrayado.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que “al disfrazar los contratos como temporales, cuando su naturaleza es indefinida, Ayesa ha incumplido el Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio Colectivo de SCPSA”.

“Resulta evidente que un contrato temporal es el que se sujeta a una temporalidad, como sostiene el documento de los responsables jurídicos, pero en este caso no existe ningún plazo, ni ninguna condición de finalización de obra que marque el final de la relación laboral, por lo que estamos ante el timo de la estampita versión Bildu”, ha afirmado.

Además, ha detallado que el propio Tribunal Supremo ha dictado que “lo que prevalece a la hora de la calificación jurídica de un contrato es el contenido obligacional del mismo y no la denominación dada por las partes”.

Por todo ello, Alonso ha querido dejar claro que “al rechazar el recurso de UPN Ayesa ha atentado contra los derechos de estos trabajadores, que desde hace casi un año deberían disfrutar de un contrato indefinido tal y como establece el informe de los letrados que el presidente ha preferido ocultar”.

“El resto de grupos debe exigirle la dimisión”

El concejal regionalista ha recordado, además, que en el mes de marzo del año pasado el Grupo Parlamentario de UPN solicitó a la Cámara de Comptos que informase de las contrataciones de SCPSA objeto del recuso.

“Somos conocedores de que los técnicos de Comptos están estudiando durante estos días la documentación facilitada por la Mancomunidad y por su sociedad pública, pero sinceramente vista la actitud de Bildu en todo este asunto, tenemos muy poca fe en que se les haya mostrado este informe que Ayesa ha tenido durante casi un año en el cajón”, ha afirmado.

Por eso, ha anunciado que “será el propio Grupo de UPN en la entidad quien traslade al órgano fiscalizador el documento para que pueda evaluar la situación desde un punto de vista real y completo”.

Por último, Alonso ha concluido afirmando que “a Ayesa no le cabe otra salida que la dimisión inmediata; ha sido pillado no en un error sino haciendo trampas, aparentemente saltándose leyes, ocultando información relevante y actuando en contra de los criterios de los servicios jurídicos en una conducta con consecuencias para la entidad y para los propios trabajadores afectados”.

Por ello ha instado al resto de fuerzas presentes en la Mancomunidad a “no mantener ni un minuto más al presidente en su cargo”.

“Sabemos de los equilibrios de fuerzas entre los distintos partidos, de los acuerdos para repartirse los cromos de los sillones del Gobierno, el Ayuntamiento y la Mancomunidad, pero esto no se puede pasar por alto y por muy socios que sean, deben exigir la dimisión de Ayesa porque si no serán políticamente corresponsables de su actuación”, ha terminado.